Sedes judiciales para la especializacion en materias relativas a propiedad industrial

Según la Comunicación emitida por el CGPJ, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado la especialización en materia de propiedad industrial de varios juzgados de lo mercantil en las Comunidades Autónomas de Andalucía-Granada, Galicia-A Coruña, País Vasco-Bilbao y Canarias-Las Palmas.

Este acuerdo actualiza los adoptados en diciembre de 2016 y febrero de 2017, que atribuyeron en exclusiva el conocimiento de estos asuntos a varios juzgados en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, tres de los territorios con mayor carga de trabajo en esta especialidad.

El demandante puede elegir en cada caso el órgano judicial más próximo para presentar su reclamación, aunque esté fuera de su Comunidad Autónoma.Esta previsión legal conjuga los principios de cercanía y descentralización de la Justicia y, al mismo tiempo, profundiza en la especialización, siguiendo la línea marcada por otras normas comunitarias sobre propiedad industrial. La finalidad es optimizar recursos materiales y personales, agilizar la tramitación de los procedimientos y unificar criterios sobre una materia, de especial complejidad, en la que es aconsejable que el juez esté familiarizado con los conceptos jurídicos específicos de esta rama del derecho.

En relación con el País Vasco, la Comisión Permanente ha acordado la especialización del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao teniendo en cuenta que, pese a que la entrada de asuntos en materia de propiedad industrial no es muy elevada, ésta ha experimentado un notable incremento desde 2017.

Asimismo, por la notable actividad industrial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y por las dificultades de comunicación entre los territorios del norte de la Península. La Comisión Permanente ha considerado necesaria la especialización de órganos tanto en la zona noroeste (Galicia), noreste (Cataluña) como norte central (País Vasco) para garantizar un mejor servicio a los ciudadanos.

Tras el análisis de la situación en los restantes territorios, la Comisión Permanente ha acordado que no procede la adopción de la medida en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja al no reunir los requisitos exigidos por la ley.