Modificaciones en las leyes argentinas de patentes,diseños industriales y marcas

Según nos ha comunicado nuestro colaborador en Argentina Estudio Marcelo Berti-A partir del 17 de Septiembre comienza a regir la resolución INPI Nº P-183, que reglamenta parte del DNU Nº 27/2018, específicamente en lo que se refiere a los cambios en el “sistema de oposiciones”.

A modo de resumen, a partir de ahora, el sistema se desarrollará de la siguiente forma: 

1-      El INPI notificará de la existencia de una oposición, otorgando a las partes un plazo de 3 meses para formalizar un acuerdo de forma privada;

2-      Una vez vencido dicho plazo de 3 meses, se notificará al oponente para que dentro del plazo de 15 días mantenga la vigencia de su oposición, aportando los elementos de prueba que considere pertinentes, ofreciendo la prueba a producir, y abonando una tasa de servicio que a la fecha asciende a AR$8500 (aproximadamente U$229). De no abonarse dicho arancel, la oposición será desestimada sin más trámite.

3-      Para los casos en los que el oponente haya abonado el mencionado arancel, la Oficina de Marcas (INPI) notificará al titular de la marca opuesta para que dentro del plazo de 15 días realice su defensa.

4-      Luego se abrirá un plazo de 40 días para producir la prueba que no haya sido aportada con las presentaciones de cada parte;

5-      Vencidos los plazos, el INPI decidirá declarando fundada o infundada la oposición;

6-      La resolución administrativa podrá ser apelada por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Capital Federal, para que en dicha instancia judicial se resuelva la contienda trabada entre el oponente y el solicitante de la marca.

7-      Si la resolución administrativa no es apelada, quedará firme lo resuelto respecto de la oposición en vías administrativas, correspondiendo seguidamente otro acto administrativo respecto del concesión o denegatoria de la marca solicitada.

8-      Si por el contrario se recurre a la vía judicial, luego de la finalización del litigio el INPI procederá a conceder o denegar a la marca solicitada. 

Esta modificación significa un cambio radical, ya que hasta ahora el INPI no intervenía en la resolución de oposiciones, por lo que toda oposición se consideraba fundada en vías administrativas, lo que implicaba que si el solicitante no lograba un acuerdo privado en vías administrativas, el único camino posible a efectos de evitar el abandono de su solicitud de marca, era mediar con el oponente, y de no haber acuerdo en dicha instancia pre-judicial, debía iniciar acciones legales por cese de oposición. Este sistema permitía que sean interpuestas oposiciones carentes de fundamento, no habiendo perjuicio para el oponente por mantener una protesta en vías administrativas, por lo que el único interesado y afectado era el solicitante de la marca que debía procurar obtener el retiro de la protesta. 

Ahora se invierte la situación, dado que con el nuevo sistema, el oponente debe abonar las tasas y honorarios correspondientes a la presentación de la oposición, a posteriori debe abonar nuevamente tasas de servicio por ratificar la protesta (con un formato similar al de un juicio ordinario abreviado), luego de lo cual se da parte al solicitante (que no abona tasas de servicio), y todo ello al solo efecto de que el INPI decida a su criterio respecto de la oposición, habilitándose la vía judicial para las partes a efectos de la apelación de lo resuelto por el INPI en la instancia administrativa.Vale decir que  aún quedan modificaciones pendientes de reglamentar, entre ellas, la obligatoriedad de presentar declaraciones de uso cada cinco años, y lo ya dispuesto respecto de las cancelaciones por falta de uso.